Esta es la segunda crónica incluida en el capítulo de conclusiones del libro de Luis Garicano “El dilema de España”
ESPAÑA, LA DINAMARCA DEL SUR
Madrid, 8 de enero de 2034
De nuestro corresponsal
Tras más de 120 años sin recibir un Premio Nobel en ciencia, este año han sido dos los españoles galardonados. Concretamente, dos equipos de científicos españoles radicados principalmente en universidades del país han recibido el Nobel de Física y el de Medicina y Fisiología, respectivamente. Este hecho consagra ante la opinión pública global un cambio completo en el funcionamiento de España. Tras muchos años en las que todos los triunfos españoles sucedían en el ámbito deportivo (vela, tenis, fórmula 1 o fútbol), España destaca ahora en la carrera global del conocimiento. Empresas españolas como BioBody, fundada por el Premio Nobel Jimmy Rodríguez, lideran el espacio de la bioingeniería médica, partiendo de la investigación avanzada que se produce en las universidades españolas. El desempleo se ha convertido en un recuerdo del pasado. España es, por fin, una economía moderna. ¿Cómo se ha producido un cambio tan radical en tan poco tiempo?
Todo empezó hace unos veinte años, allá por 2014. Tras la convulsión provocada por el intento de escisión de Cataluña y la explosión del llamado «caso Bárcenas» (un oscuro suceso que propició la dimisión forzada del propio Gobierno), los parlamentarios del Partido Popular acordaron apoyar un Gobierno de coalición con un mandato limitado, pero ambicioso. Se trataba de poner los cimientos para un renacer de España en los 20 meses de legislatura que restaban. El programa contenía medidas en tres áreas: las instituciones políticas, las reformas económicas y la educación e investigación.
Instituciones políticas
Los primeros cambios políticos tuvieron una repercusión inmediata. Fue importante que, en la misma sesión de investidura, la nueva presidenta Mercedes Jovellanos exigiera la dimisión inmediata de todos los nombramientos políticos en órganos que debían ser técnicos hechos por el anterior Gobierno del Partido Popular (en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en Radio Televisión Española, en el nuevo superregulador creado por el PP, la Comisión de los Mercados y la Competencia o en el Tribunal Constitucional) y nombrara en su lugar a personas independientes de reconocido prestigio.
En un tiempo récord, el ministro de Justicia Jorge Juan Costa propuso al Parlamento una nueva ley de partidos que imponía normas mínimas para las primarias, obligatorias para la confección de listas, las auditorías y la transparencia de las cuentas. También hizo una propuesta de reforma constitucional que eliminaba el Senado y las diputaciones provinciales, la cual se aprobó por unanimidad en las Cortes gracias a la excepción de las diputaciones vascas.
Un aspecto que sorprendió a la población y que, tras algunas reticencias iniciales, ésta aceptó entusiasmada, fue la decisión de reducir el número de ayuntamientos. Después de un debate inicial se decidió seguir el precedente danés, país que había convertido en el año 2007 los l.389 ayuntamientos con los que contaba en 98, y se decidió que todos los ayuntamientos deberían tener al menos 20.000 habitantes. Tras los inevitables tira y afloja se pasó de los 8.116 municipios iniciales a los 600 actuales, lo que permitió que el número de concejales cayera de 68.462 a los 5.000 actuales. Un gran número de competencias autonómicas en servicios sociales y educación se transfirieron a los ayuntamientos.
Quizás la reforma más complicada fue la del Estado autonómico. El Gobierno consiguió introducir un sistema con competencias claramente asimétricas, confederal en la práctica para Cataluña y el País Vasco, y un nuevo modelo de financiación basado en la idea del cupo más una tasa, con lo que consiguió, in extremis, inclinar a una mayoría de los catalanes a favor de la permanencia en España. Como en Quebec, el equilibrio parecía inestable, pero 20 años después ya no se habla más de divorcio.
Finalmente, el Gobierno presentó una propuesta para una reforma radical de la ley de enjuiciamiento civil y criminal y de la carrera judicial. La conjunción de ambas reformas, al eliminar el exceso de formalismo y garantismo y reducir drásticamente el número de apelaciones, supuso una importante mejora de la seguridad jurídica y del cumplimiento de la ley sin excepciones. A partir de ese momento, los delincuentes de guante blanco y los políticos corruptos no pudieron contar con su capacidad para retrasar el sistema indefinidamente y conseguir evitar el castigo. La introducción de una ley anticorrupción castigó con dureza las conspiraciones para delinquir a través de la financiación de los partidos, modelada en la legislación estadounidense contra la mafia y la corrupción política, y supuso un incremento notable de la efectividad de los tribunales en su lucha contra estos casos.
Reformas económicas
En la primavera de 2014, tras haber puesto en marcha todas las reformas institucionales necesarias y con la legitimidad y el apoyo social resultante de haber abierto y limpiado el sistema político, el Gobierno comenzó una serie de reformas económicas sustanciales.
La primera de esas medidas fue la eliminación de todos los contratos temporales menos los de sustitución, junto con la derogación del Estatuto de los Trabajadores y la implantación general de un contrato de trabajo a la austríaca. Todos los empresarios contribuyen desde entonces con 10 días por año a una pensión/mochila de despido (el 2,75 por ciento de la masa salarial) libre de impuestos, que desde aquel momento se convirtió en un derecho del trabajador. En caso de despido, el trabajador cobra 10 días por año trabajado por esta pensión, además de un máximo de 10 días adicionales pagados directamente por la empresa, que se convierten en 15 en caso de despido improcedente. Si el trabajador no es despedido, los 10 días por trabajador contribuidos se añaden a la pensión de jubilación, y aumentan así esta pensión. La reforma redujo las cotizaciones a la Seguridad Social para compensar el incremento de costes laborales debido a la nueva pensión por despido. Los costes adicionales de la reforma se financiaron vía la expansión de la base del IVA y las subidas de los impuestos especiales (gasolina y tabaco).
En segundo lugar, el Gobierno puso en marcha la llamada «movilización de los parados». El modesto objetivo declarado de esta política era detener la pérdida de capital humano en los desempleados de larga duración, pero el objetivo real era conseguir un verdadero aumento de este capital. Los parados, para recibir su subsidio, tenían que ser «enseñantes» o «aprendices». Había una lista concreta de actividades en las que se podía impartir clases, con materias como inglés, programación básica, cocina, hostelería, etc. Se estableció una bolsa por internet que emparejaba a los parados enseñantes con los aprendices y se consiguieron aulas en escuelas públicas e institutos. Los tres millones de parados que cobraban prestaciones (la mitad de los seis existentes) debían registrarse obligatoriamente en la web del programa para seguir cobrando el subsidio. Mientras no tuvieran un empleo debían asistir a las clases durante un mínimo de cuatro horas al día o bien impartir dos horas de clase diarias. Los sistemas de asistencia, con un control biométrico muy sencillo, funcionaban de tal modo que tres faltas de asistencia resultaban en la cancelación del subsidio de desempleo durante un mes. Tres faltas más lo eliminaban permanentemente. Y un suspenso en el examen final del curso tenía el mismo resultado. El sistema docente se basaba en seguir cursos por internet durante una o dos horas. Durante las dos horas restantes de la formación se llevaban a cabo ejercicios prácticos con la ayuda de los «enseñantes».
Obviamente, el programa de movilización tuvo resultados disímiles, pero ello no desmerece su principal virtud. Sin duda, la obligación de tomar clases eliminó parte del exceso de parados y permitió concentrar el esfuerzo en los que realmente lo necesitaban. Además, hubo muchos desempleados que consiguieron adquirir conocimientos valiosos, particularmente de inglés. Pero lo más importante es que supuso un cambio radical en la percepción de lo que realmente era el paro y lo que se podía hacer en ese tiempo sin empleo. Ya no se estaba desempleado (es decir, sin ocupación), sino en un proceso de formación.
El tercer eje de la política económica fue la reforma de los mercados y los organismos reguladores. Con el lema «Incrementar la competencia y la protección del consumidor» se introdujeron reguladores independientes de los mercados y se procedió a una reforma en profundidad de la estructura de los mercados financieros, eléctricos, petrolíferos (con la incorporación de una fuerte competencia a través de la entrada en la red de nuevos operadores extranjeros y del incremento de cuota de otros), de comunicaciones, etc. Todo ello supuso una fuerte caída de los precios, sobre todo eléctricos, y puso las bases para un incremento de la competitividad de las empresas españolas, especialmente las consumidoras intensivas de electricidad y energía.
El cuarto eje fue la contundente simplificación administrativa. El Gobierno anunció el objetivo Doing Business: un ambicioso plan para que España se situara a la altura de Singapur en los indicadores internacionales (en particular el «Doing Business» del Banco Mundial) de facilidad para hacer negocios. Para ello el Gobierno consultó a un grupo de cinco expertos del Gobierno de Singapur que ayudaron a implementar un nuevo marco jurídico para la entrada y la creación de empresas y la eliminación de licencias previas y otros trámites. Un requisito crucial para la mejora de estos indicadores fue la eliminación de la duplicación de competencias entre ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno central. Las reformas políticas impulsadas por el Gobierno, en particular la fusión de ayuntamientos y la reforma del sistema autonómico, las cuales incluían una diáfana descripción de competencias, fueron por tanto cruciales para el éxito de estas medidas. España disputa ya desde hace 10 años a Corea, Singapur, Suiza y Chile los cinco primeros puestos de la clasificación de Doing Business del Banco Mundial.
El quinto eje fue el objetivo Florida, orientado a incrementar la demanda de empleo para los parados sin cualificar. Se introdujeron una serie de cambios fiscales y en la cobertura sanitaria con el fin de que España fuera el destino más atractivo desde el punto de vista económico para los retirados extranjeros. Esto incluyó la eliminación de los impuestos de sucesión y sobre la renta para los mayores de 65 años.
Finalmente, aquel Gobierno reformista tomó varias medidas para asegurar definitivamente la sostenibilidad del Estado del bienestar. En particular, conservó la sanidad pública, pero introduciendo criterios de eficiencia bajo el modelo británico, el modelo de cuentas nocionales a la sueca en las pensiones (es decir, un modelo de reparto pero en el que cada trabajador sabe en todo momento cuánto ha acumulado en su cuenta nocional y esto le da el derecho de cobro). Finalmente, la eliminación definitiva de la desgravación fiscal por vivienda y el fomento del alquiler elevaron hasta el 40 por ciento el porcentaje de hogares de alquiler, lo que favoreció la movilidad interna en el país.
Tras estas reformas, España se convirtió en el nuevo Tigre de Europa, en la economía más atractiva para hacer negocios del mundo.
Reformas educativas
El tercer pilar de la estrategia del Gobierno de coalición de 2014-2015, responsable directa de los Premios Nobel del 2034, fue la reforma del sistema educativo en su conjunto desde preescolar hasta la universidad. La ministra de Educación, Rosa Pardo-Bazán, conocedora profunda de los sistemas educativos europeos, anunció que «una reformita no nos sirve» y que la educación en España requería una metamorfosis profunda.
El componente clave de la reforma fueron los cambios de gobernanza en los centros, así como la carrera profesional de los profesores y directores de centro. Como símbolo de la nueva autonomía de los directores para contratar y despedir a docentes y para fijar sus salarios, en la entrada de todos los colegios, debajo del cartel con el nombre, figura ahora el de su director o directora. Con sueldos elevados (el doble que el de los profesores mejor pagados) y un gran prestigio social, la carrera de director de escuela atrajo a los jóvenes más dinámicos y trabajadores. La reforma en la carrera docente, con mayores salarios (compensados con un incremento del tamaño de las clases), mejores complementos salariales y la capacidad de los directores para promocionar o despedir a los profesores, atrajo también a mejores docentes de primaria y secundaria. Finalmente, el Gobierno creó la Agencia Independiente para la Evaluación de las Escuelas, que publicaba análisis detallados de su funcionamiento, incluyendo los resultados en los exámenes estandarizados (y su valor añadido respecto a la calidad inicial de los estudiantes) y también análisis pormenorizados de la creatividad, la capacidad de expresión oral y escrita, etc. Finalmente, la financiación de los centros quedó ligada a la demanda de los estudiantes, de forma que aquellos sin alumnos tuvieron que cerrar.
Algo similar sucedió en la universidad. Allí se aplicó la reforma más sencilla de todas, ya que se adaptó estrictamente, como dijo la ministra Pardo Bazán, a los modelos existentes. «Está todo inventado», declaró. Se realizó sobre tres pilares: primero, autonomía absoluta personal y financiera de la universidad, así como su desfuncionarización; segundo, el rector sería nombrado por un patronato externo, y tercero, toda la financiación se realizaría en función del éxito de investigación y de docencia. Los avances en investigación no se medirían, como se había hecho hasta entonces, por el número de publicaciones, sino por el impacto internacional de éstas. En cuanto a la docencia, el valor utilizado sería la capacidad de los graduados de encontrar trabajo tras la finalización de sus estudios y el valor añadido de la universidad.
La reforma no funcionó en todas las universidades. Algunas renunciaron a adaptarse y, dada su autonomía financiera, quebraron en los primeros cinco años. La Universidad de Vigo, históricamente permisiva con el plagio en la investigación, fue la primera en cerrar sus puertas. Tras estas primeras quiebras, las demás universidades incrementaron su nivel de exigencia a docentes, estudiantes y administradores, y consiguieron una enorme mejora en sus resultados.
Tras estos dos intensos años de reformas políticas, económicas y educativas, se sucedieron 18 años de estabilidad. Las cifras de desempleo, contra el pronóstico de los organismos internacionales, bajaron por debajo de los 500.000 parados en 2025 después de 7 años de fuerte creación de empleo. La deuda pública, que parecía imposible de encaminar, se estabilizó en el nuevo objetivo del 20 por ciento del PIB. Los españoles asistieron con calma a los muchos juicios del 2017-2019. El único conflicto clave no resuelto del todo fue el problema catalán. En la década de 2020 hubo dos referéndums más, pero cada vez con menor apoyo social y con más reconocimiento de que, en un mundo interdependiente, lo importante es saber gestionar la interdependencia.
